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Reinoso de Cerrato dice “stop” a una planta de biogás: “No entendemos por qué han elegido nuestro pueblo”
La instalación promovida en esta pequeña localidad de Palencia está vinculada a la que fuera directora general de Producción Agrícola de Vox en la Generalitat Valenciana.
Dani Domínguez
29 enero 2024 Una lectura de 5 minutos
En torno a las seis de la tarde del jueves 25 de enero, algo más de 60 personas se reunían en una de las salas del Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato, en la provincia de Palencia. En una localidad con apenas 56 habitantes censados (y unos 30 residiendo de forma habitual), la cifra de asistentes a la convocatoria era todo un éxito, y demostraba la preocupación de los vecinos y vecinas del municipio y de otros a su alrededor sobre el tema que se iba a abordar.
El runrún ya era continuo en el pueblo desde que, el 16 de enero del nuevo año, el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) anunciase el inicio de la fase de información pública vinculada a una solicitud de autorización ambiental y de estudio de impacto ambiental de un proyecto para la construcción de una planta de biometano en el término municipal de este pueblo palentino. “Cuando llegamos al ayuntamiento, nos encontramos con un expediente que no sabíamos ni que existía, pero hasta que no hemos tenido a la nueva secretaria no hemos podido hacer nada”, explica Ana García Vega, alcaldesa de Reinoso de Cerrato.
Su partido, el Grupo Independiente Palencia Tierra Viva, ganó las pasadas elecciones municipales y logró dos de los tres concejales que integran el consistorio, arrebatándole así la alcaldía al Partido Popular. La documentación técnica que ha hecho pública la Junta de Castilla y León para la fase de alegaciones está fechada en abril de 2023, pero, según explica Ana García en conversación con lamarea.com, la anterior corporación no había avisado a los vecinos y vecinas de la existencia de dicho proyecto: “Nos asustamos cuando vimos la publicación en el BOCYL porque el Ayuntamiento ni siquiera había hecho el informe de compatiblidad urbanística”, denuncia la actual alcaldesa, quien ya alerta de que el proyecto es incompatible con la actual normativa del municipio.
Un escollo que solo podría salvarse a través de una modificación de la normativa urbanística o si el proyecto es declarado de interés general por parte de la administración autonómica.
Ante la preocupación de los habitantes del pueblo, y también de otros cercanos, fue el Ayuntamiento quien decidió convocar una reunión para aclarar todas las dudas. Según recoge el acta elaborada por uno de los vecinos, “la primera parte de la sesión se centró en explicar la importancia de este tipo de infraestructuras en la sociedad y su capacidad para revalorizar residuos”, pero también los “posibles impactos” derivados del mismo.
Entre ellos, se encuentran los malos olores derivados de la actividad, el incremento del tráfico en la localidad (estimado en 5,65 camiones por hroa durante 14 horas diarias) o la ausencia de “residuos susceptibles de ser tratados” en la localidad y sus alrededores. Según explica la alcaldesa del municipio, “este tipo de plantas suelen utilizar, entre otros, los residuos que generan las macrogranjas, pero nosotros aquí no tenemos ninguna, por lo que no entendemos por qué han elegido nuestro pueblo”. El acta de la asamblea vecinal también cuestiona la ubicación al no contar Reinoso de Cerrato con suelo acondicionado “para albergar este tipo de industrias, como polígonos industriales equipados con suministros adecuados (agua, luz, desagües) y medidas de contención (para contaminación, incendios).
Como resultado de la preocupación de los vecinos y vecinas, al terminar la asamblea tomaron la decisión de formar “una plataforma ciudadana en contra de la implementación de la planta”, la cual llevará por nombre “Stop biogás Cerrato”. El objetivo de esta organización será “brindar apoyo a los ciudadanos interesados en presentar alegaciones relacionadas con el proyecto”, ya que la mayor parte de los habitantes de la localidad son personas mayores “con acceso limitado a recursos como Internet, lo que genera una situación de vulnerabilidad y discriminación”.
Una empresa vinculada a una ex alto cargo de Vox en Valencia
La plataforma vecinal cree que la empresa promotora del proyecto debería haber “fomentado de manera proactiva” la participación del municipio en la toma de decisiones. “Nosotros, desde el Ayuntamiento, informamos a la promotora de la preocupación que existía en el pueblo y le pedimos que viniera a informar a los vecinos, pero nos dijeron que ya vendrían más adelante”, asegura la alcaldesa Ana García.
Biogás Cerrato SL es la compañía que promueve la planta de biometanización en la localidad. Es propiedad de otra empresa, Bioeco Energías SL, cuyo objeto social es “la instalación, desarrollo y explotación de sistemas o instalaciones de producción o generación de energías renovables en cualquiera de sus opciones”. De acuerdo con la información recogida en el Registro Mercantil, en el Consejo de Administración de esta última sociedad se sienta Leticia Sanchiz Becquet desde el 28 de abril de 2023.
Sanchiz Becquet es heredera de un importante emporio empresarial y fue nombrada a principios de septiembre directora general de Producción Agrícola y Ganadera de la Generalitat Valenciana por parte de Vox. Organizaciones ecologistas y sociales denunciaron que su nombramiento podría acarrear “irregularidades y facilidades en la expansión de la ganadería industrial”, ya que la nueva directora general mantenía en esos momentos “39 cargos societarios en varias empresas pertenecientes al Grupo Sanchiz, el cual gestiona numerosas macrogranjas dentro y fuera del territorio valenciano”, lo que consideraban un “fuerte conflicto de intereses”.
La empresaria había tenido diferentes cargos en empresas como División de Inversiones Agrícolas y Ganaderas SL, la promotora de la controvertida macrogranja de Ayora (Valencia). En 2022, se aprobó la ampliación de esta instalación con permiso para albergar 7.200 cerdos en una población de 5.200 habitantes. La ONG Amigos de la Tierra denunció que dicha ampliación “estuvo llena de irregularidades” ya que la empresa promotora “recibió una subvención de 230.000 euros incluso antes de contar con la Declaración de Impacto Ambiental aprobada” y la explotación funcionó de forma “ilegal” hasta ser finalmente regularizada en 2022.
Sanchiz fue cesada a principios de diciembre, apenas tres meses después de su nombramiento, cuestionada por sus intereses empresariales.
lamarea.com ha trasladado una serie de preguntas al grupo empresarial sobre la planta de biogás de Reinoso de Cerrato, pero no ha obtenido respuesta al cierre de este reportaje.
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